La previsión de incluir empresas privadas misioneras al régimen de la Ley 27.506, que regula la promoción federal de compañías aptas.

De visita en Misiones, la directora de Estrategias para la Economía del Conocimiento en Ministerio de Desarrollo de la Nación, Ana Julia Sierra llevó adelante una serie de conversatorios en el marco de la promulgación de la Ley 27.506 que regula el régimen, con el fin de lograr la adhesión de las PyME tradicionales de la provincia.

Al respecto brindó una amplia charla telefónica  en la cual dejó en claro aspectos centrales de la economía del conocimiento, un sector que aglutina varias actividades que producen bienes y servicios finales transables con alto valor agregado. “También incluye actividades que, incorporadas en cadenas de valor tradicionales, pueden mejorar significativamente la competitividad de muchas empresas”, fueron algunas de sus declaraciones.

¿Cómo vio paradas a las empresas de Misiones con respecto al conocimiento de la ley y sus posibilidades de adecuarse al régimen? Sobre todo teniendo en cuenta que hay predominio de PyME tradicionales

Los encuentros fueron variados y los participantes también, por un lado contadores y por otro, las Cámaras Empresariales y agentes vinculados a actividades en la Economía del Conocimiento.

Fue bastante fructífero porque, en general, había bastante desconocimiento. Si bien, es cierto que conocían la ley y sabían a grandes rasgos de qué se trata, pero no la tienen incorporada ni sus beneficios.

¿Y cuáles son?

Descuento de las contribuciones patronales del 70% de los empleados directamente afectados a la actividad promovida, una reducción del Impuesto a las Ganancias, gradual en función del tamaño de la empresa. Alícuota del 0% de derechos de exportación para los servicios de aquellas empresas que estén en el registro de economía del conocimiento, entre otros.

¿Cómo pueden acceder?

El abanico es amplio gracias a los anexos que posibilitan el ingreso inclusive de las tradicionales, es decir aquellas compañías privadas con personerías jurídicas locales donde el 70% de la facturación total (durante los 12 meses anteriores) represente alguna de las actividades promovidas por la ley; así como también deberán realizar inversiones en capacitación o investigación y desarrollo en los últimos 12 o 24 meses; servicios profesionales de Exportación de servicios (70%); o bien dar cumplimiento de normas de calidad (como ISO 9001 u otras) o inversiones en mejoras continuas de calidad. Asimismo, será necesario mantener al día las obligaciones fiscales, laborales, de la seguridad social y gremiales, no sólo para el otorgamiento de la inscripción, sino para su mantenimiento. La charla sirvió para dejar en claro esto y fue también un punto de partida para hacer la tarea de empezar a incorporar a las empresas que pueden demostrar que realizan actividades de incorporación tecnológica.

¿Cuál es el potencial local observado, teniendo en cuenta el universo empresarial local?

En este primer contacto pudimos palpar que hay potencial. La iniciativa de las jornadas apuntó a empezar a recibir a las empresas de Misiones; el régimen es muy nuevo y recién están empezando a inscribir; no obstante hay que tener en cuenta que tampoco lo estaban en la Ley de Software (normativa que antecede a la nueva ley y que fuera promulgada en 2010), con lo cual nos parece importante que lo aprovechen ahora que el abanico es amplio. El universo empresarial que existe en la provincia tiene que ver con industrias tradicionales ( té, yerba, agricultura familiar) en la medida que incorporen estas tecnologías y actividades. Hay un inciso especial por donde deberían entrar, por ejemplo aquellas que no puedan demostrar que su facturación está relacionada unívocamente con innovación y tecnología…

¿Qué articulaciones van a ser necesarias?

Es fundamental la articulación público-privada, para que las empresas empiecen a relacionarse con los factores que están dentro del ecosistema productivo local y nacional. La pandemia nos demostró que estar lejos no significa no poder ser parte de la aldea global, porque virtualmente podemos estar conectados y cerca. Más allá que no sea lo mismo que la presencialidad nos da, pero se puede y se hace necesario y urgente innovar e incorporar tecnología a sus productos, servicios y a sus procesos productivos sino también recursos humanos altamente calificados, es decir talentos, que es la motivación que tiene el régimen y por eso uno de los requisitos es que tengan que invertir para capacitar a sus empleados o a personas potencialmente contratables.

Si pensamos que los beneficios son tan amplios e importante, ¿Por qué tan pocas empresas buscan incluirse en el régimen?

Desde 2014, cuando se aprobó la ley de software hubo 521 empresas inscriptas que continuaron a lo largo de todo ese tiempo. La idea de este nuevo instrumento que viene a superar a la ley de software porque incluye a las PyME tradicionales es poder multiplicar ese número. De hecho, de las nuevas ya tenemos 300 presentaciones listas para evaluar lo que nos muestra la intención de ser parte y recibir estos beneficios. En Misiones tenemos un gran desafío porque no hay ninguna empresa. Nuestro fin es que la normativa sea realmente federal, por eso se incorporaron beneficios que apostaran a algunos sectores, por ejemplo el doble beneficio en las contribuciones patronales para la contratación de personas de provincias del interior con menor desarrollo relativo, la contratación de mujeres y personas de géneros no binarios, para hacerla más igualitaria. En Argentina hay grandes empresas que ya se venían beneficiando con la anterior ley, y por ello ahora el objetivo está en beneficiar a las PyME, por ejemplo con un 60% de descuento en el Impuesto a las Ganancias para las micro y pequeñas empresas.

Perfil 

Ana Julia Sierra es licenciada en Ciencia Política, con más de 15 años de experiencia en la Gestión pública, tanto a nivel local, provincial como nacional.

Actualmente es directora de Estrategias para la Economía del Conocimiento, perteneciente a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Anteriormente se desempeñó como asesora técnica en la Dirección General de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Programa de Comercio Exterior de la SePyME (Proargentina) del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. Fue responsable de la Línea de Fomento al Desarrollo de Microemprendimientos del Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial del Banco de la Nación Argentina.

Fue directora de la Pequeña, Mediana y Microempresa de la Subsecretaría PyME del Ministerio de Producción de Buenos Aires.

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