La Fiscal Laura Margaretic pidió penas de entre 12 y 9 años de prisión para los sindicalistas Roberto D’Amico, Luis Daniel Conrado y Walter Brun. En Línea Noticias fue el único medio de Olavarría en realizar una cobertura integral de las audiencias realizadas en el mes de julio.

Este martes 31 de agosto el juez Joaquín Duba dará a conocer a sentencia que recaerá para los máximos ex dirigentes de la UOCRA de Olavarría luego de un emblemático e histórico juicio que se llevó adelante en el mes de julio.

En Línea Noticias fue el único medio de Olavarría en realizar una cobertura integral de las jornadas reflejando todo lo que sucedió en la sala audiencias de la Cámara Penal de Azul donde se desarrollo el juicio.

Joaquín Duba, juez encargado de dictar sentencia contra la cúpula de la UOCRA de Olavarría.

La querella, encabezada por la Fiscal Laura Margaretic, pidió penas que van de 9 a 12 años de prisión para los tres dirigentes que llegaron a juicio oral y público acusados de ser parte de una organización delictiva que extorsionaba a empresarios.

La Fiscal Laura Margaretic. La funcionaria azuleña tuvo a cargo la querella durante el juicio.

A juicio llegaron el Roberto D’Amico, Luis Daniel Conrado y Walter Brun.

El juicio se sustanció en la sala de audiencias de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de los Tribunales de Azul y la última jornada fue el 16 de julio pasado cuando las partes desarrollaron sus alegatos.

Los pedidos de condenas

La “Causa UOCRA” fue instruida en su totalidad por la Fiscal Viviana María Beytía aunque ésta no fue parte de las audiencias y su lugar fue ocupado por su colega Laura Margaretic.

La funcionaria del Ministerio Público Fiscal, a la hora de alegar, pidió doce años de prisión para Roberto D´Amico. Para la Fiscal el histórico Secretario general de la UOCRA es autor penalmente responsable de los delitos de «asociación ilícita en calidad de jefe u organizador», «extorsión» en dos hechos, «extorsión en grado de tentativa» en un hecho y «tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil».

D´Amico – Acusado de ser el jefe de una organización ilícita.

En la misma audiencia a fiscal azuleña pidió nueve años de prisión para Walter Brun y diez años de prisión para Luis Conrado.

En ambos como participes de la asociación ilícita, extorsión y cohecho.

Durante los alegatos la Fisca ubicó a D´Amico en a figura penal más gravosa toda vez que consideró que por el rol que ocupaba en la UOCRA, no podía estar ajeno a las presuntas maniobras desplegadas por los otros dos sindicalistas.

Las defensas

Roberto D´Amico, Walter Brun, y Luis Conrado fueron representados en las audiencias por tres abogados particulares que coincidieron en solicitar la absolución de sus defendidos.

El abogado Federico Martínez, quien representó y defendió a Conrado, durante su alegato pidió que se declare nulo el proceso que inició la causa. En este caso haciendo referencia a la aprehensión de su cliente en momento en que arrojaba basura y al ser requisado se le encontró dinero en efectivo en su poder.

Luis Conrado y su abogado defensor

En el caso de la doctora Elda Donatelli – abogada de D´amico – llevó adelante serios cuestionamientos a las imputaciones realizadas por la Fiscal para con su cliente. Particularmente la letrada local cuestionó la figura de “asociación ilícita” y mencionó la falta de pruebas ventiladas en el juicio que apuntaran a su cliente. Roberto D´Amico – debido a su edad – es el único que se encuentra gozando de la prisión domiciliaria.

En tanto los intereses de Walter Brun fueron representados por la abogada Andrea Moyano. Ésta aseguró que durante el juicio no había “pruebas” que demuestren las imputaciones sobre extorsión que el Ministerio Público realizó contra su cliente. Además, hizo mención a los testimonios de empresarios que desfilaron como testigos y señalaron que los dineros que cobraban los sindicalistas eran “colaboraciones”.

Walter Brun y su abogada Andrea Moyano

La sentencia se conocerá el mismo día en que Olavarría, tres años atrás, se vio convulsionada luego de un impresionante despliegue policial y judicial en la sede céntrica de la UOCRA momentos en que la Fiscal Beytía encabezaba un allanamiento que con el correr de las horas comenzaba a desnudar un proceder de años en la ciudad.