Economistas advierten que expansión del gasto generará mayor inflación y deterioro de las cuentas públicas.
Tras el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, el Gobierno pretende lanzar una serie de medidas para apaciguar la crisis económica que atraviesan los argentinos en la actualidad y que se profundizó luego con el inicio de la pandemia del Covid-19.
Entre ellas, se confirmó que aumentará el mínimo del Salario Mínimo Vital y Móvil, se brindará un bono de $6.000 a los jubilados, las organizaciones sociales podrán acceder a un crédito no bancario en caso de que lo necesiten y se aumentará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
Respecto a la posibilidad de otorgarse un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) aún se espera la palabra del ministro de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, aunque todavía no se oficializó, se rumorea que podría alcanzar a los $15.000 por mes.
Según una estimación del Estudio Broda y Asociados, la ampliación de gasto extra previsto para el año ronda casi $600.000 millones, monto equivalente a 1,4% del PBI.
De cara a ello, la consultora que encabeza Fernando Marull sostuvo que hasta agosto el déficit fue de sólo 1% del PBI y el año cerraría con un 4%, con lo que el gobierno «puede gastar hasta un 3% más hasta fin de año y aún así cumplir la meta del 4,2%» de déficit presupuestario. Por lo que se estimó que esto podría incluir «un nuevo IFE de $ 15.000 para 3 millones personas, que tendría un impacto del 0,1% del PBI y un bono extraordinario de $ 6.000 millones para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para el 80% de jubilados, lo que llevaría a un gasto de 0,16%».
El economista agregó que «el principal miedo viene por el lado del financiamiento del déficit. Hasta fin de año el Tesoro tiene que financiar $1.500 millones y con un rollover del 100%, la emisión necesaria sería de $1.000 millones, un 30% de la base monetaria actual, que es mucho».
Dicha emisión «tendría impacto a partir del verano de 2022, ya que la estacionalidad de la demanda de pesos juega a favor en diciembre», es decir que después de las elecciones habría una deterioro de la economía y mayor inflación.
Cabe destacar que la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó aumentar el déficit hasta el 4,5% del PBI y volcarlo a los bolsillos de la gente, para intentar una mejora en las próxima elecciones tras la derrota en las PASO.
En su carta política, señaló que hasta agosto pasado sólo se había alcanzado un déficit primario del 2,1% frente al 4,5% fijado como meta en la ley de Presupuesto.
Para la presidenta del Senado, ese nivel del gasto refleja que el gobierno está haciendo un ajuste, y pidió gastar el 2,4% que tiene de margen para cumplir la meta presupuestaria en políticas sociales.
Por otra parte, el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian advirtió que la mayor emisión monetaria «va a impactar en la inflación».
«El 2,5% de la inflación de agosto fue consecuencia de la menor emisión de la primera parte del año y la de ahora la van a pagar a principios de 2022, ese es el drama de la Argentina», dijo Melconian.
La consultora GMA -en tanto- vaticinó que las cuentas públicas «empeorarían notablemente en los próximos meses», al señalar que hasta julio el déficit acumulado fue del 0,7% del producto, lo que da un margen gobierno de aumentarlo en $ 1,4 billones entre agosto y diciembre».
«Cualquier desvío sistemático de este monto será saldado con emisión, que ya aportó 68% ($850.000 millones) del total del financiamiento del Tesoro en lo que va del año», agregó GMA.
El economista Claudio Zuchovicki agregó que el gobierno utilizará los derechos especiales de giro del FMI para pagar la deuda con el organismo y sostuvo que eso «permitirá emitir mucho más dinero, para tratar de dar vuelta la elección a un costo enorme, quiere decir que voy a tener más pesos en la calle con menos producción, con más puja para conseguir estos pesos».