La consultora FIDE analizó la perspectiva de un entendimiento con el Fondo Monetario y consideró que no debe extenderse más allá de marzo el cierre del nuevo programa.
El Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que incluye un programa económico plurianual en donde detallará los principales puntos de entendimiento técnico de cara al nuevo acuerdo con el Fondo, una especie de hoja de ruta económica con detalles en torno del déficit fiscal, su financiamiento, trayectoria de deuda, crecimiento y algunas previsiones para el sector externo, y que tendría el visto bueno del Fondo Monetario Internacional. «Resulta sumamente relevante generar un consenso amplio que incluya no solo a la totalidad de la coalición gobernante sino también a los actores relevantes del mundo empresario, sindical y social», señaló la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).
El centro de estudios consideró «central poder concluir todas estas etapas antes de marzo de 2022, cuando están pautados nuevos vencimientos con el FMI» y remarcó que los tres aspectos claves para que se cierre el acuerdo están vinculados con el mecanismo de recomposición de reservas, el financiamiento del déficit fiscal y «clarificar el sendero de convergencia fiscal».
«Despejar las expectativas devaluatorias, frenar los arbitrajes cambiarios o estabilizar los precios son objetivos que no se podrán alcanzar si no se remueve del frente externo la incertidumbre que genera el hiperendeudamiento heredado. A nadie escapa que, tal y como están planteados, los vencimientos de deuda en el acuerdo original no se pueden pagar», destacó FIDE en su informe. En todo el 2022 deberían transferirse USD17.800 millones en concepto de capital y USD1.242 millones en intereses.
Para FIDE, una de las expectativas está centrada en cuál será el efecto del acuerdo como estabilizador del mercado de cambios, «en particular, la posibilidad de acceder a fondos extras producto de complementos de créditos de reintegro de los DEG de los pagos de capital 2021, aquellos que se integren a un fondo especial de DEG inmovilizados de los países desarrollados o los recursos provenientes de acciones climáticas».
Consideró, además, que es necesario evaluar el efecto del acuerdo sobre riesgo soberano y la tasa de colocación de nuevo endeudamiento, «no tanto por los compromisos de repago inmediatos, ya que el horizonte de vencimientos se encuentra despejado de pagos significativos hasta 2025, aunque en el mediano plazo esas exigencias podrían comenzar a pesar».
Finalmente, FIDE estimó que el resultado de esta nueva etapa también impactará, desde el punto de vista estructural, sobre el crecimiento de largo plazo y sobre la capacidad exportadora.