El fiscal jujeño Diego Funes solicitó el enjuiciamiento contra la líder de la organización Tupac Amaru, y otras cuatro personas, entre ellas exautoridades del Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia (IVUJ), por una posible estafa al Estado en 2014.
El fiscal jujeño Diego Funes requirió la elevación a juicio de una causa contra la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, y otras cuatro personas, entre ellas exautoridades del Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia (IVUJ), por un presunto fraude al Estado en 2014, informó este jueves el Ministerio Público de la Acusación local.
El pedido fue realizado ante el Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy por el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública 2, al haberse dado por concluida la investigación penal preparatoria, según se difundió en un comunicado de prensa.
Junto con la dirigente, también se requirió que sean juzgados el extitular del IVUJ Lucio Abregú, otros dos miembros del organismo provincial, Arnaldo Ariel Flores y Martha Isabel Gutiérrez Torres, y el cooperativista Javier Nieva, quienes fueron imputados como coautores del delito de “fraude en perjuicio a la administración pública”.
Según la acusación, desde el Instituto de Viviendas se libraron de forma irregular poco más de 1.300.000 pesos para obras de mejoras habitacionales que no fueron realizadas.
El pedido se apoya en “una sentencia condenatoria, confirmada en instancia provincial, que demostró la existencia y conformación de una asociación ilícita comandada por Milagro Sala”.
De rol de los acusados, se detallan irregularidades presuntamente cometidas por Lucio Abregú, Arnaldo Ariel Flores, Martha Isabel Gutiérrez Torres y Javier Osvaldo Nieva en el manejo informal de cheques, entre septiembre y octubre del 2014.
Esta causa penal es una de las 11 abiertas en Jujuy contra Sala, quien ya debió enfrentar seis debates orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria y uno en el fuero contravencional.
Este año, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “proceso de hostigamiento y criminalización” que padece Milagro Sala y la organización Tupac Amaru desde que la dirigente social fue detenida en 2016, y advirtió que la política del Gobierno de Jujuy “busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia”.
En la presentación se hizo un repaso por las diversas manifestaciones públicas que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, “hizo contra Milagro Sala y la organización Tupac Amaru, incluso desde antes de llegar al poder”, sostuvo el CELS.
En ese sentido, manifestó que a partir del 10 de diciembre de 2015, “la campaña de desprestigio y estigmatización que recaía sobre ella desde hacía tiempo atrás, dio un giro y pasó a incorporar al sistema judicial provincial”.
“De este modo, se desató una persecución en su contra por la que se le iniciaron diferentes causas penales con el exclusivo fin de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo”, expresó el organismo de derechos humanos.
En Jujuy, expresó el CELS, en los más de dos mil días de detención de Sala, “se sucedieron diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco no sólo a la organización Tupac Amaru sino a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos”.