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Recomiendan informar derechos, porque algunos ingresan a prisión sólo hablando y comprendiendo en guaraní. El Poder Judicial había pedido resolver esta situación

La mayoría de los condenados por diversos delitos pertenecientes a las comunidades de pueblos originarios o que se autoperciben mbya guaraníes recibieron condenas sin la intervención de un intérprete. Tal situación fue detectada por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones que recomiendan a las autoridades de la Dirección General de Asuntos Guaraníes, del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones la implementación de una nómina de intérpretes provisoria y la implementación de una campaña de información de derechos a mbya alojados en cárceles y comisarías.

A su vez, el Poder Judicial de la provincia recientemente recordó a los magistrados y funcionarios, que se deberá incorporar la presencia de un intérprete cultural, en las causas que involucren a comunidades de pueblos originarios.

Tal inquietud además fue planteada en la asamblea realizada por los mburuvichá (autoridades de aldeas) de 22 comunidades, en agosto de 2021, donde se debatió sobre diversas problemáticas y sobre todo lo relacionado con el contexto de encierro de las personas privadas de libertad que se autoperciben mbya guaraní.

Todo lo previo surge del amplio informe público anual 2020-2021 publicado ayer en el Boletín Oficial por parte de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.

Observan que “existe en la actualidad diversos obstáculos para el acceso a un intérprete cultural para los pueblos originarios de la Provincia de Misiones”, razón por la cual emitieron la recomendación en búsqueda de un camino que contribuya a una construcción con la mirada puesta en la cultura mbya guaraní.

En la reunión celebrada con los mburuvichá, se conoció de la existencia de 16 mbya detenidos en Misiones.

En el relevamiento sobre la situación judicial realizada por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones, entrevistaron a esos internos.

De ese total indicaron que “fueron ocho los condenados por juicio abreviado y sin intérprete, y sólo uno por juicio oral y público con presencia de intérprete”.

Como se sabe, en un juicio abreviado se debe reconocer plenamente haber cometido el delito y de esta manera, luego se acuerda una sentencia y se evita el juicio oral.

En tanto, otras siete personas de la comunidad, se encuentran privadas de libertad a la espera de un juicio.

A su vez recuerdan que la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de la Argentina.

Por su parte, señala el informe, el inciso 22 ha dotado de jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos que protegen a las comunidades de pueblos originarios.

Y específicamente, la Convención Americana ha establecido la necesidad de contar con un intérprete cuando el caso lo requiere, consolidándolo como una garantía.

En tanto, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también consolida dicha garantía. Asimismo, el artículo 12 del Convenio 169 de la OIT y del artículo 13 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, surge que, si las personas privadas de libertad pertenecen a comunidades originarias, establece la necesidad de “no sólo de permitir la mínima comprensión del idioma sino expresarse con igual destreza que lo hace la acusación”.

Confeccionar un nómina

Por ello recomiendan a las autoridades de la Dirección General de Asuntos Guaraníes, del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones, la implementación de una nómina provisoria de intérpretes culturales con conocimiento en la lengua mbya guaraní. Y, a las autoridades de la Dirección General del Servicio Penitenciario del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones, comenzar una campaña de información para las personas privadas de libertad pertenecientes a comunidades de pueblos originarios, a fin de que conozcan los derechos que les asisten en los contextos de encierro.

Cómo se hizo

En el informe se explica que el proyecto de relevamiento de las personas privadas de libertad que se autoperciben como mbya guaraníes se llevó a cabo con el acompañamiento del cacique de la Comunidad Takuapí, Hilario Acosta, quien colaboró para mantener una conversación fluida con las personas pertenecientes a comunidades de pueblos originarios, oficiando de intérprete.

Para planificar políticas
Plantean que el relevamiento plasmado en el informe constituye una fuente de información, de utilidad para la planificación de políticas pública que contribuyan a mejorar las condiciones de detención y de encarcelamiento de las personas privadas de libertad que pertenecen a comunidades de pueblos originarios.

El monitoreo se hizo desde septiembre a noviembre de 2021, que incluyó a los internos alojados en las comisarías de San Pedro, Puerto Iguazú y en las unidades penales de Eldorado y Puerto Rico.

En Misiones, consignan, existen 134 comunidades mbya guaraní, con una población de alrededor de 15.000 personas.
Y existen un total de ocho comunidades donde se han registrado la comisión de delitos.

Los resultados

En cuanto a la ciudad de origen de las personas privadas de libertad, el 56,3% pertenece a Puerto Iguazú, por ser una ciudad que concentra a las comunidades de pueblos originarios más numerosas.

Entre los frecuentes delitos cometidos figuran: contra la integridad sexual y delitos contra la vida. Sobre ambos delitos, integrantes de las comunidades coinciden en que se tratan de hechos que son rechazados dentro de su cultura. En un porcentaje menor se encuentran los delitos contra la propiedad.

Sin mujeres en la cárcel

El 100% de los detenidos son de sexo masculino, por lo que no existen mujeres pertenecientes a comunidades de pueblos originarios privadas de su libertad en Misiones.

El rango etario es variado y va desde los 18 años hasta los 40 o 45 años aproximadamente.
Los detenidos pertenecen en un 50% a la comunidad de Fortín Mbororé, ubicada en la ciudad de Puerto Iguazú.

Y en porcentajes menores a las comunidades de Yaguarundí, Fracrán Paí Antonio, Ruiz de Montoya, Kaaguy Porá y Yasy Porá, Tarumá Poty y Okarapeguá.

Más cómodo en guaraní

El 43,8 % de los detenidos tiene primaria incompleta y se encuentra estudiando dentro del sistema penitenciario con una educación no bilingüe, según detalla el informe que abarca varias miradas sobre la situación carcelaria en Misiones.

De las entrevistas realizadas, surge que no todos pueden leer en guaraní ni expresarse libremente en castellano, sino que se sienten más cómodos hablando el idioma mbya guaraní.

Por ello, muchos ingresan en contexto de encierro sin conocer el idioma castellano. A raíz de tal situación admiten que a muchos de ellos “les cuesta” expresarse en castellano, por lo que deciden “callarse nomas”, y esto imposibilita que puedan estudiar e inclusive hacer valer otros derechos, según consigna el informe.

El otro dato es que algunos alojados perdieron el contacto con sus familiares, por la imposibilidad de acceder a los lugares de detención ya sea porque no cuentan con recursos económicos para trasladarse o porque al intentar ingresar la visita se le imposibilitó el ingreso al establecimiento por motivos como “venir descalzos”.
Quienes manifestaron tener contacto con su familia, afirmaron que algunos no los ven desde hace dos meses y otros desde el 2019.

El trabajo

El informe de relevamiento de personas pertenecientes a pueblos originarios en contexto de encierro en Misiones representa sólo un aspecto del amplio abordaje realizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Misiones bajo la presidencia de Eduardo Magno Scherer y demás miembros.

En el informe anual de 277 páginas, dan cuenta del monitoreo realizado en todas las dependencias carcelarias de la provincia. Describen y hacen recomendaciones sobre la situación de encierro de toda persona privada de libertad.

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