Son 180 hectáreas ubicadas a 12 kilómetros del centro de Bariloche

El Juzgado Federal de Bariloche hizo lugar al recurso de apelación que presentó el Ejército Argentino para frenar la entrega del título de propiedad de 180 hectáreas que le pertenecen al Estado Nacional y que son reclamadas por la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.

La Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en General Roca, deberá fallar ahora sobre el futuro de las tierras en litigio, ubicadas a 12 kilómetros del centro de Bariloche, en el corazón de un extenso territorio que posee la institución castrense.

La decisión que adoptó la jueza federal subrogante de la localidad patagónica, Silvina Domínguez, ordenaba la entrega en un plazo de 60 días del título de propiedad de las tierras donde está instalada la comunidad mapuche “desde hace más de 100 años”.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa recurrió el fallo y días más tarde elevó su apelación para frenar la entrega de ese espacio, argumentando que dicha porción del territorio es esencial para el desarrollo de las actividades de instrucción que lleva adelante la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón.

“El expediente ya fue elevado a la Cámara de Apelaciones”, confió una fuente con acceso al avance de la causa.

Domínguez defenderá su decisión ante el Tribunal aunque el organismo estatal confía en el argumento de su recurso para revertir el fallo y frenar la entrega del título a la comunidad originaria.

Las familias Millalonco Ranquehue aseguran que sostienen la ocupación tradicional de las tierras desde fines del siglo XIX, incluso “desde antes de la instalación de las tropas militares”. El territorio se mantiene bajo custodia del Estado desde 1937.Mapuches tomaron la oficina de turismo de El BolsónMapuches tomaron la oficina de turismo de El Bolsón

El fallo de Domínguez fue blanco de múltiples cuestionamientos de parte deinstituciones, empresarios y vecinos de Bariloche quienes alertaron sobre “el pésimo antecedente” que generaría la resolución, ya que podría generar un efecto en cadena con otros grupos mapuches que luchan por reivindicar “tierras ancestrales”.

El abogado local Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, admitió su preocupación por dicha sentencia ya que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”.

Se trata de un proyecto que la gobernadora Arabela Carreras plasmó en la ley provincial 5.155 y que tiene como objetivo poner en valor y preservar el entorno natural de un amplio sector ubicado entre el cerro Catedral y el lago Moreno, que redundará en “un importante beneficio para los ciudadanos, tanto en términos de salud como económicos”.

El parque tendrá 3385 hectáreas aunque existe una fracción ocupada por comunidades mapuches que tratarán de obtener la titularidad de las tierras, siguiendo los pasos de la comunidad Millalonco Ranquehue, si es que la Cámara confirma la sentencia de Domínguez.

“La jueza ya demostró cuáles son sus simpatías”, dijo Breide haciendo alusión al reciente fallo de Domínguez de ordenar la entrega del título de las tierras a la comunidad originaria. Además mencionó otra polémica resolución de la magistrada de absolver a María Nahuel, una referente mapuche que en pleno juicio agredió a la fiscal federal Sylvia Little. Tras esa polémica, la funcionaria judicial presentó su dimisión al cargo aunque luego fue ratificada en el mismo, cuando recibió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. “Está claro cuál es su ideología”, sentenció el abogado.

Racista y discriminatoria

Las familias Millalonco Ranquehue, junto a las comunidades Tambo Báez y Celestino Quijada cuestionaron el recurso de apelación que presentó el Ejército Argentino y emitieron una nota en la que calificaron la actitud como “racista” y “discriminatoria”.

Las críticas de las comunidades apuntaron al Ministro de Defensa, Jorge Taiana, a quien le solicitaron una audiencia para tratar la problemática.

“El territorio de nuestras comunidades ha sido relevado y reconocido por el Estado Nacional a través del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Entonces, ¿un organismo del Estado reconoce que el territorio pertenece a las comunidades pero otro organismo, del mismo Estado, pretende despojarnos insinuando que no existimos?” mencionaron en el escrito.

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