La cartera sanitaria local constató que el lugar no tiene habilitación, en tanto se alojan allí once adultos mayores. Este miércoles habrá una reunión para definir otras medidas

Tras la denuncia penal por abandono de persona a la residencia de ancianos Itatí, el Ministerio de Salud Pública le impuso a sus directivos reubicar a los adultos mayores que allí se alojan hasta que se resuelva su situación judicial y administrativa. Asimismo la cartera sanitaria provincial constató que el lugar ubicado en la intersección de Salta y Junín, de Posadas, no tenía habilitación.

El caso está judicializado incluso antes de la muerte de Florentina Núñez, de 81 años, el viernes último. La mujer falleció después de estar diez días internada en el Centro Médico Buenos Aires (Cemeba) de la capital misionera, donde ingresó con un cuadro de deshidratación y desnutrición. Fue entonces cuando la familia Núñez demandó al asilo por abandono de persona.

Interviene en la causa el Juzgado de Instrucción N° 2 a cargo de  Juan Manuel Monte. Asimismo, este miércoles a las 9 se reunirá el Observatorio de Derechos de Adultos Mayores en la Defensoría del Pueblo de Posadas para determinar las medidas a seguir.

“Se solicitó que el titular del lugar se ponga en contacto con los familiares y se solucione la situación y que puedan alojar a los abuelos en otra instituciones habilitadas o bien en sus domicilios”, señalaron fuentes de Salud Pública. Se trata de once ancianos  que convivían en ese espacio al momento de que la cartera sanitaria realizó una visita de monitoreo.

Sin embargo, no hubo devolución ni descargo a la solicitud planteada. “Ninguna respuesta tuvimos de ninguna de las notas y mensaje que hemos emitido, todavía no tenemos respuesta y estamos a la espera, que nos afirme, si el miércoles están en esa reunión, que lo hacemos desde el Observatorio”, indicaron.

“Di intervención a la Comisión contra la tortura de la provincia y a la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública. El sumario todavía está en sede policial por ende no podemos librar oficios a esos fines pero estamos coordinando por notas de solicitud de la policía. Vamos a pedir informe al geriátrico y al Sanatorio Buenos Aires respecto al estado de salud y evolución de la señora que falleció.  Con todo ello veremos como continuamos en miras a un eventual delito”, explicó el juez Monte a este medio.

“Cuando surgen estos inconvenientes hay un problema adicional: una gran tarea para ubicar a los familiares para pedirles que retiren a sus mayores, ya que se ‘extravían’ los datos para contactarlos. El principal problema es que hay una alta demanda de los servicios y la oferta registrada es escasa y de alto costo. Entonces surgen estos emprendimientos (la mayoría low cost) y las consecuencias son funestas”, reflexionó Alejandro Miravet, vicepresidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, quien participará en la reunión prevista.

“Hace más de diez años que se reglamentó la ley que regula el funcionamiento de las Residencias de Larga Estadía, Geriátricos. No obstante, sobre casi medio centenar de ese tipo de residencias u hogares, solo media docena está habilitada por Salud Pública”, denunció.

“Son negocios que funcionan  en la ilegalidad, sin habilitaciones municipales ni provinciales. Llevamos más de seis años lidiando con el tema, sin mayores resultados”, aseveró al tiempo que agregó que “los familiares deben exigir las habilitaciones,  ya que se trata de un contrato entre privados. Cuando salta un problema,  llegamos tarde, muy tarde”.

Sin habilitación

“Ellos lo llaman residencia para  abuelos y al no estar habilitado, no hay un nombre fantasía, no hay una habilitación comercial que así lo llame. Porque si uno ve el lugar nota que no hay carteles”, remarcaron  desde la Dirección de Gerontología de Salud Pública.

A su vez, reconocieron: “ellos – por las autoridades de la residencia- presentaron una carpeta, que le permitió a la autoridad de aplicación ir a hacer el control y se hizo observaciones, muchas observaciones como para que de continuidad al expediente. El lugar, en tanto no se encuentra habilitado; el que habilita siempre es el municipio, según la Ley N° 41, pero tiene que haber un pre control, por parte de las autoridades de aplicación”.

Desde Salud insistieron “la ventaja de Misiones que es que tiene la ley 41, que es la que establece las disposiciones mínimas para el funcionamiento para las instituciones geriátricas. Teniendo en cuenta la ley podríamos proseguir a otro tipo de sanción o medidas”.


El caso de Florentina Núñez

La historia de Florentina Núñez (81) tomó repercusión en las redes sociales, donde la familia dio a conocer lo sucedido para evitar que otro anciano pase lo mismo.

Florentina ingresó a la residencia en diciembre y, siempre siguiendo el relato de la familia, las visitas estuvieron permitidas por apenas unos días de enero. Se alegaba que en esos contactos los residentes podían contagiarse del virus u otra enfermedad. La anciana padecía de demencia senil dianosticada hace dos años, aunque al momento de ingresar al lugar se encontraba en buen estado de salud general.

Gimena Jantzon (33), nieta de la octogenaria, contó a este medio: “Sólo se podía ir a la mañana, mis familiares fueron desde el primero de enero hasta el ocho, cuando el dueño del lugar, Roberto Cordero, echó a mi tía que venía de Buenos Aires con la excusa de cuidar a los abuelos del Covid-19 y que era peligroso visitarlos”.

Jantzon, sostuvo además que Cordero ya había sido denunciado en el 2019 por otra residencia en Avenida Rademacher. En esa oportunidad, había retenido a la fuerza a un paciente ingresado y quitado sus tarjetas para pedir préstamos y realizar compras en internet.

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