Las jubilaciones del personal de inteligencia siempre se rigieron por las leyes que regulan la actividad y sus correspondientes decretos reglamentarios.
Durante la gestión del escribano Gustavo Arribas, le fueron asignadas a algunos agentes y con anterioridad a la tramitación de su retiro, bonificaciones extraordinarias en su sueldo, afin de darle mas robustez a sus jubilaciones. Esto es, que personal con cargos muy bajos terminaban cobrando mayor jubilación que jefes y directores. En un porcentaje que se podría fijar en un 20 ó 30 por ciento superior a los de estos últimos.
A partir del 23 de diciembre del 2019 y con la asunción de la doctora Cristina Caamaño como interventora de la AFI, esta situación se tornó aun mas irregular. So pretexto de que el presidente la había designado como interventora, la doctora Caamaño dictó normas internas que vulneran derechos previsionales de los agentes ya jubilados. Amen de engrosar con bonificaciones y suplementos las jubilaciones de personal profesional de la cual Caamaño pretendía desprenderse por considerarlos parte de los sótanos de la democracia, la interventora hizo ingresar a la AFI personal sin conocimiento alguno de las tareas de inteligencia, y en muchos casos contraviniendo razones de seguridad. A dichos nuevos agentes se los nombró en su mayoría muy por arriba de la categoría inicial de revista, produciendo un desfasaje salarial entre el personal existente y los nuevos, vulnerando la garantía constitucional de igual remuneración por igual tarea.
No contenta con tales aberraciones legisló per se un retiro voluntario convenido con la Caja de Jubilaciones sin decreto ni ley alguna, regalando cinco años de servicio a personal que se acercaba a la cantidad de años requeridos para poder jubilarse. Ademas de todo esto creó una tabla de sueldos, lo cual es atribución del poder ejecutivo sin comunicar los nuevos montos a la Caja de Jubilaciones tal cual lo ordena el decreto reglamentario de la ley 25.520. Así las cosas, funcionarios que cumplen tareas iguales a la de funcionarios jubilados en el 2015, perciben el doble de sueldo que estos últimos. La exinterventora se arrogó la facultad de crear estructuras (hasta el 2015 las direcciones Generales o direcciones en la SI eran aproximadamente veinte). Caamaño las estableció aproximadamente en sesenta, creando la figura de secretario, sub secretario, director y subdirector. Se recuerda que los secretarios y subsecretarios solo pueden ser designados por el presidente de la Nación.
El fárrago de funcionarios con misiones ínfimas se multiplicó, convirtiendo a una dependencia que debe tener una dinámica especial en un elefanteásico ministerio con gente inidónea para la tarea asignada por ley.
Los prejuicios ideológicos de la doctora Caamaño llegaron al ridículo de no solamente despedir a personal capacitado ingresado en la etapa del escribano Arribas, sino también a personal ingresado en la época de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Los resultados están a la vista en lo profesional, en lo que respecta a la vulneración del secreto, en lo que respecta a la confianza de la inteligencia de otros países en la AFI, pero también en la innumerable cantidad de juicios civiles y penales a la que se vera sometida la administración y los funcionarios responsables por parte de los agentes y ex-agentes agraviados.