El ilícito puede desembocar en la destitución del docente. Pero alertan que detrás de ellos hay una red que vende los documentos falsificados, a la que nunca llega la Justicia.
A raíz del escándalo por dos pedidos de licencia presentados por docentes, acompañados por avales médicos falsificados, este viernes se supo que un promedio de 10 certificados “truchos” por año se están detectando en el Consejo General de Educación de Misiones (CGE), según informaron desde ese organismo.
Se sospecha que algunos más deben pasar desapercibidos, pero lo cierto es que todos los casos donde se detecta la irregularidad se inicia un sumario administrativo, remarcaron.
Tal y como explicó el director de Salud Laboral Docente del CGE, Gaspar Argüello, la primera medida es denegar la licencia, y luego hablar con el profesional para confirmar esa sospecha de que el certificado puede estar adulterado, y finalmente, una vez que dicho profesional confirma que no lo hizo él, que no es su sello ni su firma, se inicia un sumario administrativo.
Este último puede desembocar en la exoneración, es decir, la destitución del docente.
Lo cierto es que hay muchos casos e involucran a muchos profesionales de la salud diferentes, que nada tienen que ver, sino que otras personas utilizan sus nombres, inventan sellos -porque ni siquiera tienen los sellos de los profesionales- y en algunos casos incluso alteran el número de la matrícula.
Federico Esquivel, abogado de la médica denunciante de los dos casos más recientes, contó a PRIMERA EDICIÓN que no es el primer caso que lleva acá adelante, que impulsó otro hace tres años pero que avanza muy lentamente y que en estas situaciones generalmente no llegan a encontrarse a los responsables en la Justicia Penal .
Es que, según el letrado, por lo general no es el docente el autor de la falsificación, sino que detrás de él hay una organización ilícita que vende los certificados.