El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) realizó una denuncia penal tras detectar indicios de explotación laboral en un establecimiento de producción forestal durante una fiscalización en la zona noreste de la provincia de Corrientes.
En el lugar, cercano a la localidad correntina de San Carlos, se encontraban cinco trabajadores “viviendo en condiciones muy precarias, en un colectivo viejo, sin agua potable ni energía eléctrica”, detalló -en diálogo con la titular del Renatre en Corrientes, Mónica Arnaiz.
La funcionaria refirió, además, sobre la cuestión salarial que “ninguno de ellos sabía cuánto ganaba” de acuerdo a las declaraciones de los empleados, todos oriundos de la localidad misionera de Leandro N. Alem.
En tanto, agregó que el personal realizaba para la empresa forestal “tala de árboles y no les proveyeron ni ropa de trabajo ni elementos de seguridad para la labor”.
“Se realizó la denuncia penal ante un claro indicio de explotación laboral porque no sabían ni siquiera cuánto iban a ganar, están lejos de su lugar de origen y en condiciones muy precarias de vivienda”, explicó Arnaiz.
Por otra parte, precisó sobre las próximas acciones que todo se enmarca en un procedimiento administrativo, “donde se le otorgan 15 días hábiles al empleador para regularizar la registración de los trabajadores y su situación de contratación”.
Interviene en el caso la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal, por tratarse de explotación laboral, confirmó la funcionaria y agregó que ahora el empleador tendrá la oportunidad realizar las presentaciones correspondientes.
La fiscalización se llevó a cabo el pasado lunes en una zona rural cercana a San Carlos, localidad distante a 350 kilómetros al este de la Capital provincial y en el límite con Misiones, en un establecimiento rural dedicado a la producción forestal.
Del control, tal como se hace habitualmente, participó personal del Renatre y representantes de Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y posteriormente se realizó la denuncia penal.