Desde la Superintendencia de Salud en la provincia reconocieron un retraso en algunos casos pero señalan que la mayoría de las empresas recibió el depósito de la Afip
Se cumple hoy el tercer día de protesta en el país en contra de cualquier recorte que se pudiera analizar en el área de discapacidad como también en reclamo por el incumplimiento por parte de las obras sociales en el pago de los haberes a los prestadores. Se trata de profesionales de la salud como acompañantes terapéuticos y maestras integradoras que, en algunos casos, no perciben su sueldo desde mayo. Misiones se sumó a la manifestación pública desde el primer día, que incluyó concentración, marchas y firma de petitorios.
En ese sentido, Mariela Sapper, a cargo de la Superintendencia de Seguros de Salud en la provincia -cuya entidad oficia de contralor en el funcionamiento de las obras sociales- explicó el escenario actual desestimando que existiera instrumento legal sobre supuestos recortes y puntualizó que la falta de pago es responsabilidad de las obras sociales, las que en la mayoría de los casos recibió el depósito del Sistema Único de Reintegro (SUR), que lo gira la Afip y es canalizado por la Superintendencia. “Plantean el supuesto recorte en el sector de discapacidad que realmente nosotros como institución no tenemos nada fehaciente de que así sea, pero es una cuestión que lo resuelve el Ministerio de Economía, pero no hay nada cierto en eso”, sostuvo Sapper, en diálogo.
“Por otro lado está el reclamo a la falta de pago de los profesionales que están haciendo los padres y los profesionales, pero en eso tampoco podemos meternos porque son contratos entre privados, entre los agentes de salud y los profesionales que no se está cumpliendo entre ellos. O sea, la obra social es la que tiene que cumplir con el pago”, aclaró.
“En la página de la Superintendencia hay un sector llamado SUR, soporte por el que, a través de la Superintendencia, Afip transfiere el dinero a las obras sociales para el reintegro de las prestaciones por discapacidad. Ahí se puede visualizar, está todo publicado, que hasta junio hubo transferencias por esos conceptos, hay otras que llegan a julio y agosto: está transferido ese dinero, evidentemente el problema es que las obras sociales no están teniendo el compromiso con sus profesionales”, remarcó.
“No es un subsidio, sino un sistema de reintegro en el que primero las obras sociales abordan la prestación y la Superintendencia les reintegra eso estipulado en valores de nomenclador, que está hecho por el Ministerio de Salud Pública”.
Consultada respecto a si se registran denuncias por incumplimiento de prestaciones, señaló: “Recibimos todos los días reclamos de las familias y de los profesionales que vienen a pedirnos ayuda, pero explicamos hasta dónde llega nuestra competencia”.
“Venimos intimando a obras sociales desde el año pasado. En la gran mayoría de los casos tenemos respuestas positivas y, en otros, se elevan a segunda instancia donde Buenos Aires hace el análisis para intimar. En la gestión intentamos resolver para que no pase mucho tiempo, pero lo que más está ocurriendo ahora es que no quieren cubrir por la falta de pago”, subrayó.
“Todas las obras sociales nacionales sindicales trabajan con discapacidad y hay unas 80 en la provincia, hay que ver si es la obra social directamente o trabaja a través de prepagas”, detalló Sapper al tiempo que instó a los afiliados a realizar el reclamo correspondiente ante la falta de prestaciones contempladas en las leyes.
El malestar
“Lo peor de todo es la falta de respeto de las obras sociales hacia los profesionales. Tenemos que esperar 90 días para que nos paguen las prestaciones de febrero o marzo. En julio recién cobré lo que trabajé en febrero. Y cuando preguntamos a qué se debe el retraso nos dicen ‘tenés que esperar’. Los pacientes vienen y nosotros atendemos, trabajamos y queremos cobrar. Primero se vulnera el derecho a la salud, se burlan de los padres y estafan a los profesionales”, aseveró, con evidente malestar, Betina Villarreal, licenciada en Psicopedagogía.
Por su parte, Eduardo Sisto, referente de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (Fapadhea), que acompaña en las jornadas de protesta, comentó: “lo que ocurre muchas veces es que los papás ponemos de nuestro bolsillo para concretar la terapia de un hijo. La mayoría suple con su plata y después viene el reintegro”.
“En muchos casos los papás buscamos la manera de pagar. Conozco gente que se sacó préstamos para pagar alguna prestación o estudio; entonces también que los colegios de profesionales se unan para reclamar, porque son todos profesionales y están pagando una matrícula. Hay que hacer planteos y reclamos más formales”, manifestó.
Sisto hizo hincapié en un doble drama: costos y disponibilidad de prestadores. “Una maestra integradora cuesta entre 40 mil y 50 mil pesos mensuales, un acompañante terapéutico dos veces por semana 20 mil pesos más. Las leyes de discapacidad garantizan el 100% de cobertura por parte de las obras sociales, pero no es un dinero que sale de los fondos de la obra social. Los costos son abonados por la Afip”.
Marcha de antorchas
Desde el lunes y hasta hoy se llevan a cabo protestas en el país, que incluyeron un acampe de carpa blanca en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, donde familiares de personas con discapacidad y prestadores de servicios de salud y de transporte denunciaron “un plan de ajuste para quitar fondos que son para este sector social sumado a que ya venimos con retrasos severos”.
En Posadas hubo una concentración y marcha desde la Plaza 9 de Julio hasta la sede de la Superintendencia de Salud, además de concentración en el Mástil de la avenida Mitre. Hoy se realizará una marcha de antorchas a las 17.30 en la plaza 9 de Julio.