Una reforma de la ley electoral necesita mayoría absoluta de ambas Cámaras del Congreso. Algunos imaginan el trabajo a distancia de Sergio Massa, que como ministro de Economía puede ofrecer algún estímulo para sumar voluntades.
Cuando falta exactamente un año para la realización de las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), el peronismo presiona puertas adentro para cancelarlas. Ese pedido llevaron los gobernadores a la reunión que convocó Axel Kicillof en La Plata, hace una semana. El comunicado que firmó la Liga después del encuentro no dedicó ni una línea a la cuestión electoral y solo reflejó preocupación por la inflación. Esperan un aval final de Cristina Kirchner para ir por ese camino.
Lo cierto es que hay un interés del PJ, que también tiene el apoyo inicial de dirigentes del kirchnerismo, para modificar las reglas de juego. Esa intención no es tan fácil de instrumentar por dos razones: necesita pasar por el Congreso y definirse cuanto antes porque en los primeros meses de 2023 ya se pone en marcha el andamiaje del proceso, con el trabajo sobre padrones.
Uno de los argumentos que se exponen para solicitar la suspensión es el costo millonario que implica hacer comicios en agosto, en octubre y, eventualmente, en noviembre si hay balotaje. Esa posición nunca fue una bandera del PJ, que puso la “mejora en la calidad institucional” que le atribuyen al sistema por sobre el gasto que genera.
En realidad, de esa forma estarían quitando una herramienta que suele ser más eficaz para quien ocupa el rol de oposición. ¿Por qué? Porque ayuda a dirimir candidaturas cuando los liderazgos no son tan claros. De hecho, Juntos por el Cambio se impuso en 2019 en gran medida porque cada partido de la coalición pudo competir son su propia fórmula y luego aunar esfuerzos detrás del ganador en la general.
En síntesis: cancelar las PASO daña a la oposición. Y más en un momento en el que las grietas están a flor de piel: desde los cuestionamientos de Elisa Carrió hacia un sector al que acusa de pactar con Sergio Massa, hasta la rebeldía de Facundo Manes de no acompañar el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández.
“Sale como piña”, se ilusiona un funcionario al tanto de las conversaciones. No está tan claro que una modificación de la ley electoral sea pan comido. Primero porque necesita para su aprobación mayoría absoluta del total de cada una de las cámaras. Segundo porque sobre todo en Diputados, donde el Frente de Todos tiene números menos favorables, le faltan de arranque 11 votos. Hay ríos donde pescar y algunos imaginan el trabajo a distancia de Massa, que como ministro de Economía puede ofrecer algún estímulo para sumar voluntades.
La temporada de diseño electoral se lanzó en el interior. La Legislatura de Salta sancionó el jueves la eliminación “por única vez” de las PASO provinciales para el año que viene. Ya lo había hecho en otra oportunidad, también por “única vez”. Lo mismo planea hacer Catamarca. En San Juan ya están abolidas desde 2021, pero ahora suman una novedad que atrasa: quieren resucitar la “ley de lemas”, que permitió la hegemonía del PJ durante largos años en distritos como Santa Fe, donde fue derogada en 2004. Todo vuelve.
Rodeada de militantes que custodian su casa, Cristina Kirchner se puso el jueves a la noche una gorra que decía CFK 2023. La vice está dejando crecer un operativo para que la proclamen candidata presidencial. Ella lo incitó al plantear la falsa idea de la “proscripción” y tiene un doble objetivo: sumar poder para enfrentar a la Justicia y medir cuánta aceptación popular tiene para probarse en las urnas.
Hay dos opiniones dentro del oficialismo. Los que consideran que no deben jugar “la mejor carta” en una elección que está perdida para el peronismo; y los que creen que la “jefa” debe ser candidata a presidenta. En el medio, se abren otras posibilidades, como ir por una senaduría, la opción menos riesgosa y que le garantiza fueros.
Cristina Kirchner decidió abrazarse al PJ, a pesar de que siempre le dio alergia la estructura partidaria. Su última participación en un congreso fue en 2004, cuando se peleó con Chiche Duhalde por la “portación de maridos”. Aníbal Fernández calificó el episodio en aquel entonces como una “discusión de peluquería”. Otra época.
El 3 de septiembre todo indica que será la oradora de cierre de un congreso del peronismo bonaerense convocado por su hijo Máximo. Los más veteranos, propensos a lecturas simbólicas, lo viven como un “gesto histórico”. El acercamiento es más bien un gesto pragmático: tener respaldo en su guerra contra el lawfare y llegar con fuerza a fin de año cuando se espera una sentencia en el juicio de Vialidad.
¿El peronismo acompañará a Cristina después de una posible condena? Ahí se abren las interpretaciones. Los gobernadores menos cercanos a Cristina evalúan un reagrupamiento. En Córdoba, Juan Schiaretti, un peronista que no adhirió a los K, prepara el lanzamiento de su candidatura presidencial, mientras aceita lazos con radicales como Facundo Manes y Martín Lousteau.
Massa deja trascender que su turno no es 2023, pero nadie agarra una papa caliente para nada. Si “estaciona el barco en el muelle” –la metáfora la usaba Hernán Lacunza sobre el final del gobierno de Mauricio Macri- cree que puede tener alguna chance. Es difícil que pueda hacer campaña solo diciendo que sin él todo hubiera sido peor, algo que además es contrafáctico.
La situación judicial de Cristina Kirchner es el factor que hoy hizo cerrar filas a un oficialismo en crisis. De la situación económica depende si ese abroquelamiento se mantiene para las elecciones.