Julián Martín Abente Gutierrez (33) falleció en agosto de 2019 tras ser embestido en Costanera Sur por un automovilista en el acceso al barrio A 3-2 de Posadas. El acusado de provocar el siniestro habría ofrecido un resarcimiento económico de 10 mil pesos que generó el fuerte malestar de Vilma Martínez, viuda del ciclista quien catalogó el acercamiento como una falta de respeto a su familia
Hace exactamente una semana, se daba la noticia de la novedad de la elevación a juicio del expediente que investiga las circunstancias de la muerte del ciclista Julián Martín Abente Gutierrez (33), quien fuera atropellado en la rotonda de acceso al barrio A 3-2 de la capital provincial por un Toyota Corolla. Por esta causa, llega como imputado José Antonio Galarza (52), que al momento del hecho iba al mando de un automóvil entregado en depósito judicial al Ministerio de Acción Cooperativa.
Pero más allá de conocerse la resolución del Juzgado de Instrucción Dos, quien investigó lo ocurrido aquel 25 de agosto de 2019, lo que despertó mucha indignación en la familia del ciclista fallecido tiene que ver con un supuesto acercamiento que se habría hecho semanas atrás desde el entorno del acusado. Y que tiene que ver con un ofrecimiento de resarcimiento económico a la familia de la víctima por 10.000 pesos que habría hecho el acusado mediante la figura de probatión.
Sobre esto último, quien se refirió al respecto fue Vilma Martínez, esposa de Abente Gutierrez, quien no ocultó su fuerte malestar por dicho ofrecimiento y por lo lento que avanza la instancia en el fuero civil.
Sobre el monto ofrecido respondió: «Eso fue una burla para mi, porque si para él la vida vale 10.000 pesos su vida no vale nada. Él le está poniendo precio a la vida de una persona, para mi no es más que una burla. Y aparte si uno tuviera que comer con esa plata no alcanzaría ni para un desayuno». Además indicó que su esposo «era el sostén psicológico de todos nosotros. Es algo inédito, loco, ridículo, la verdad que no sé qué nombre ponerle al ofrecimiento que nos hizo».
Por otro lado, reconoció: «Es un momento muy difícil el que estamos viviendo porque no hay contención para mi, uno por la pérdida, otro por el sostén de sacar la casa adelante si o si y con el tema de la inflación no es para nada fácil sobrellevar esta situación. Yo no puedo estar mal y siempre tengo que estar pensando en mis hijos. En la etapa que más necesitaban de su padre se les fue arrebatado de una manera tan violenta es algo que no se puede digerir.
Martínez, también aseguró que Galarza nunca se acercó a su familia y manifestó que tampoco «creo que le importe lo que haya pasado». Y fue más allá al afirmar que desde el entorno al imputado «en todo momento intentaron tapar lo sucedido de cualquier manera, sobre todo porque el tema es medio político. Primero, quisieron ocultar el vehículo pero no pudieron. Ahora, si fuera por ello que la causa se la trague la tierra. Es mucho lo que los abogados están haciendo para levantar la causa y es algo muy desgastante».
Por último, reconoció que tiene expectativas en que el debate oral se pueda realizar en un corto plazo y que de una vez por todas se pueda hacer Justicia por ella y su familia.
Colisión mortal
El siniestro que le costó la vida a Julián Martín Abente Gutiérrez (33) se registró poco después de la 1 de la madrugada del domingo 25 de agosto del 2019, en la rotonda acceso barrio A3-2, sobre Costanera Sur.
El hecho fue alertado al 911 y al lugar acudieron los efectivos de la Comisaría Décima, quienes constataron lo sucedido. Julián Abente Gutiérrez, que manejaba una bicicleta playera y regresaba del trabajo, fue trasladado de forma inmediata al Hospital Madariaga en ambulancia, donde estuvo internado durante dos días hasta su fallecimiento el martes 27, a las 3.40 de la madrugada. Su estado desde un principio fue crítico y las 48 horas de internación las pasó en terapia intensiva con respiración asistida.
Los médicos que lo atendieron en aquel entonces determinaron que había sufrido un traumatismo craneoencefálico grave, fractura de clavícula izquierda, luxación de cadera izquierda, fractura de tibia izquierda, fractura de peroné, contusión pulmonar, fasciotomía de muslo izquierdo. Estas lesiones graficaron la violencia del impacto -el parabrisas del auto quedó destruido- y la velocidad a la que presuntamente se desplazaba el Corolla.
Demoras en la causa civil
Además de la pesquisa por la responsabilidad que tuvo el conductor imputado en el siniestro vial, el caso también se resuelve paralelamente en la órbita de la justicia civil y en donde interviene el Juzgado Civil y Comercial N° 8 a cargo de la jueza Adriana Fiori. A casi cinco años del hecho, desde el entorno del fallecido no ocultaron su malestar por la falta de avances en esta instancia y fue Federico Tilli, abogado que representa a la familia del ciclista quien se refirió al estado de la causa.
En relación al expediente que se instruye por daños y perjuicios que inició la esposa del fallecido, el letrado sostuvo: «El expediente ha tenido mucho retraso, principalmente a causa de la inoperancia del juzgado quien en varias ocasiones ha obviado proveer las solicitudes interpuesta por nuestra parte. Asimismo, ordenó notificar 2 veces al Ministerio de Acción Cooperativa y al Comité de Vigilancia de Zona Franca de Puerto Iguazú, cuando éstos dos ya habían contestado la demanda por medio de Fiscalía de Estado, quien es representante del Estado y eso la jueza debería saber».
Por otra parte, Tilli afirmó: «Se ordenó al Ministerio de Acción Cooperativa para que informe el domicilio del Comité de Vigilancia de Zona Franca, pero irrisoriamente informaron que desconocen cuando es absurdo porque es un organismo que por ley esta dentro del ámbito de su competencia. Solo lo han hecho para dilatar, por lo que tuvimos que averiguar por nuestros propios medios el domicilio lo que nos retrasó aproximadamente 7 meses».
Y añadió: «Se planteó este error a la jueza pero no dio a lugar, y a causa de ello la Fiscalía de Estado planteó una nulidad de dichas notificaciones para que luego la jueza le diera la razón y se tuvo por contestada la demanda a esos dos organismos por medio de Fiscalía de Estado».
Tilli, además indicó que en tres oportunidades, entre marzo y mayo de este año, desde su representación solicitó que se fije una audiencia preliminar al juzgado para que se trate el caso, aunque obtuvo como respuesta una negativa por la cantidad de casos que se tramitan en dicho juzgado.