Lo requirió la querella por la incomparecencia del acusado, Alberto Germán Rosas, ante el Cuerpo Médico Forense para la extracción de material biológico que debe ser analizado para certificar su actual estado de salud.

Por medio del abogado querellante que los representa, los familiares del ingeniero ambientalista Roberto Andrés Ríos (58), asesinado hace alrededor de dos años y medio pleno centro de Posadas, requirieron el cese de la prisión domiciliaria e inmediata detención del sindicado asesino y cuñado de la víctima: Alberto Germán Rosas (61).

El acusado, que está imputado por el delito de homicidio simple, goza actualmente de la prisión domiciliaria después de argumentar razones de salud.

Igualmente se instruyó al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial para que se ocupara de hacer nuevos estudios y por ende Rosas debe someterse a la toma de muestras de material biológico pero no compareció a ninguna de las tres citas. En eso se argumenta el pedido de inmediata detención.

«Atento a que el Cuerpo Médico Forense ha informado la no concurrencia del acusado en varias oportunidades, cuando fuera citado a dicha dependencia judicial para la toma de muestras de material biológico (28 de diciembre de 2021; 13 de enero de 2022 y 10 de febrero de 2022), vengo por este acto a solicitar que, conforme a derecho, se disponga el cese de la prisión domiciliaria dispuesta en favor del imputado y la inmediata detención en una unidad de alojamiento para internos comunes del Servicio Penitenciario Provincial del imputado German Alberto Rosas», expone el documento judicial que lleva la firma del abogado Julio Lenzken, en el que sugiere que la medida es necesaria «a efectos de asegurar un pronunciamiento de la justicia evitando cautelarmente el indiscutible y manifiesto riesgo procesal provocado por la conducta evasiva del imputado».

Un crimen en pleno microcentro

El asesinato de Ríos ocurrió al amanecer del 15 de septiembre de 2019 y sacudió a la ciudad capital debido a que, más allá que fue cometido en el microcentro, tanto el ingeniero como el acusado, Rosas, son personas provenientes de familias reconocidas en distintos ámbitos de la comunidad.

Los testigos revelaron que ambos habían pasado la noche anterior juntos, pero una fuerte discusión terminó de la peor manera, con acusaciones y agresiones cruzadas, uno muerto y el otro detenido.

Tras ser atacado, Ríos quedó malherido en la vereda de su casa y fue auxiliado en primera instancia por un joven que salió a la calle al escuchar gritos, mientras que el agresor huyó a bordo de una Renault Oroch hasta que lo alcanzaron a las pocas cuadras. En esa instancia confesó el crimen señalando que fue en defensa propia y que se estaba dirigiendo a entregarse.

En el asiento del acompañante los uniformados de la Policía Científica hallaron el cuchillo utilizado en el ataque.

Por su parte, el ingeniero fue asistido y alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero no pudo sobrevivir. Según los resultados de la autopsia, la causa de muerte de debió a un «shock hipovolémico por heridas de arma blanca».

Relación conflictiva

Con el correr de las horas trascendió que que los cuñados tuvieron una relación muy conflictiva durante años, aparentemente por temas de índole económico por una herencia.

En declaración indagatoria Rosas volvió a admitir la autoría del hecho, pero poco después fue excarcelado tras un pedido de su defensa en la que argumentaron severos problemas de salud, vinculados principalmente a patologías cardíacas.

Esa medida fue firmada por el juez de la causa, Fernando Verón, y establecía restricciones para el hombre. Sin embargo, fue apelada tanto por la fiscal interviniente, Adriana Herbociani, como por la querella encabezaba por Lenzken.

La apelación fue revisada por la Cámara de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados a fines de 2019 resolvieron declarar la nulidad de la excarcelación al considerar que la medida no había sido correctamente fundamentada.

Entonces la defensa interpuso un recurso de casación que obligó la intervención del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Un año después, en diciembre del 2020, el máximo órgano judicial misionero declaró -por unanimidad- inadmisible la casación interpuesta y se ordenó que el hombre vuelva a ser detenido en su domicilio hasta tanto se resuelvan una serie de cuestiones relacionadas a la instrucción de la causa.

En este contexto aún se esperan dos pericias para que el caso sea elevado a juicio. Por un lado los informes de los teléfonos celulares de víctima y victimario, que fueron incautados el día del hecho, a cargo de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) y por otro el análisis de la sangre que quedó en la puerta de la Oroch del acusado.

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