Con el objetivo de atraer 60 mil pasajeros adicionales diarios al ramal Constitución-La Plata, el Estado Nacional propuso modernizar su servicio.
La Auditoría General de la Nación (AGN) auditó las obras de electrificación del ramal Plaza Constitución-La Plata de la Línea Roca. El período auditado se extendió desde el 1 de enero de 2015 hasta el 20 de septiembre de 2017 y los organismos auditados fueron el Ministerio de Transporte y la Unidad Ejecutora Central.
Con el objetivo de atraer 60 mil pasajeros adicionales diarios al ramal Constitución-La Plata, el Estado Nacional propuso modernizar su servicio, electrificándolo e incrementando la calidad, seguridad y frecuencia de los trenes, con la consecuente reducción de la contaminación ambiental.
Para financiar el proyecto, se proyectaron inversiones por 500 millones de dólares. El 60 por ciento de los fondos fueron aportados mediante un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
La AGN observó que el presupuesto vigente a la finalización del periodo auditado, era casi un 30 por ciento superior a la inicial, por obras no previstas, contrataciones mayores a lo presupuestado y retrasos que dieron lugar a redeterminaciones de precios.
El informe señaló que no se cumplieron las metas de tiempo de viaje entre Constitución-La Plata: establecida en 63 minutos y en la práctica alcanzó los 72 minutos. Por otra parte, hubo demoras en el tiempo de espera entre Constitución-Berazategui, prevista en 8 minutos, 30 segundos, y cuando se auditó, el tiempo de espera alcanzó los 15 minutos.
En cuanto a los accidentes asociados al movimiento de trenes, disminuyeron de los 80 casos en el año base (2011) a 14 casos en 2018, como consecuencia de las obras de elevación de andenes y la puesta en funcionamiento del nuevo material rodante de piso elevado. También disminuyeron los arrollamientos de personas: de 40 en 2011 a 22 en 2018.
En conclusión, la ejecución de las obras de electrificación del ferrocarril Roca siguió una secuencia diferente a la establecida originalmente, lo que llevó al incumplimiento de algunas de las metas. Luego del período auditado, el Estado Nacional debió solicitar una ampliación de los plazos de desembolsos y, posteriormente, un nuevo préstamo al BID para finalizar las obras y alcanzar los objetivos pendientes.